Ricardo Ravelo

Los asaltos en carreteras al transporte de carga se han incrementado a pesar de que la GN vigila las vías de comunicación.

¿Complicidad?

Si este delito aumenta quiere decir que no están haciendo su trabajo o bien están coludidos con el hampa, dicen las víctimas. No hay otra explicación.

Ni las Fuerzas Armadas ni mucho menos la Guardia Nacional Pueden frenar las oleadas de asaltos, secuestros y desapariciones forzadas que ocurren en las diversas carreteras del país.

De muy poco sirve que la Guardia Nacional recorra el territorio de norte a sur:

el crimen sigue perpetrando asaltos a camioneros, automovilistas y a los autobuses de pasajeros, cuyos ocupantes son asaltados a diversas horas del día como de la noche.

Es la ley del crimen la que se impone en los llamados “caminos de la muerte”, pues no existen rutas libres ni seguras.

Lo más grave es que en algunas rutas los autores de esos delitos son, en su mayoría, policías tanto municipales como estatales ligados a la delincuencia organizada.

En varias rutas del país el crimen acecha y perpetra asesinatos y secuestros; también comete desapariciones, asaltos a mano armada a camiones de pasajeros y de carga.

Ejecutan “levantones” y cobran rescates de entre cien y doscientos mil pesos por persona.

A cualquier hora del día o de la noche estos atracos pueden ocurrir y la Guardia Nacional brilla por su ausencia en las rutas más peligrosas del país.

Al crimen nada ni nadie lo detiene, por ello la llamada política de “abrazos y no balazos” –una ocurrencia sin resultados a cinco años de gobierno –ha resultado un fracaso: el sexenio de la llamada Cuarta Transformación ya es el periodo gubernamental más violento.

Y es que la Guardia Nacional, lejos de garantizar la seguridad, forma parte del problema, pues a este flagelo también se suma el tráfico de indocumentados, un negocio boyante del que participan las propias autoridades.

Esta ola de inseguridad se le atribuye al crimen organizado, presente por todas partes, y a la ineficiencia de las autoridades civiles y militares que, hasta ahora, no han podido frenar la violencia que desatan unos quince cárteles que mantienen abierta disputa por el control de rutas y del mercado de las drogas.

Uno de los casos más escandalosos que causaron estruendo en el país, hace un par de años, fue el de Debani Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, asesinada a golpes;

la investigación sigue abierta y hasta ahora las autoridades no han detenido a ninguno de los responsables de su secuestro y crimen.

Este hecho criminal se perpetró en la carretera Monterrey –Nuevo Laredo, ruta donde manda el crimen organizado.

La historia indica que la chica había acudido a una fiesta;

debido a diferencias personales, sus dos amigas que la acompañaban la dejaron en el lugar, aunque le pidieron la asistencia de un taxi de plataforma, cuyo chofer la empezó a molestar y ella decidió abandonar la unidad.

En la madrugada se quedó en la peligrosa carretera.

Luego, presuntamente fue llevada a un motel por sujetos que hasta ahora siguen impunes y ahí la golpearon.

Presuntamente también fue atacada sexualmente.

Los golpes en la cabeza le causaron la muerte, según las conclusiones de las autoridades investigadoras del feminicidio.

Su cuerpo apareció en el fondo de una cisterna en desuso del propio motel.

Este no es el primer caso de muerte que ocurre en esa carretera, considerada una ruta de muerte y desaparición que, hasta ahora, las autoridades no han podido poner remedio al problema.

En ese tramo el crimen opera con protección policiaca y presuntamente de algunos miembros de la Guardia Nacional.

De acuerdo con las autoridades, en esa ruta han desaparecido al menos unas cuarenta personas en los últimos dos años.

Y lo mismo ocurre con el transporte de carga, cuyos conductores son asaltados.

Las unidades son saqueadas y en la mayoría de los casos los choferes son asesinados presuntamente por miembros del crimen organizado que operan en esa región.

Los asaltos en las carreteras federales ya alcanzaron niveles de escándalo y preocupación por parte de los transportistas del país que, tanto de día como de noche, enfrentan los embates de la delincuencia organizada en la mayoría de las vías de comunicación que conectan al país.

Ante este escenario de vulnerabilidad evidente, que causa la impotencia de los afectados, la Guardia Nacional (GN) se ha visto limitada –cuando no implicada –para evitar estos atracos en las carreteras que afectan al transporte de carga y también a los vehículos particulares que, con familias completas a bordo, han sido despojadas de sus pertenencias, incluido su vehículo, además de sufrir violaciones y ultrajes de todo tipo.

Salir a carretera causa temor, se deben tomar demasiadas precauciones en un país dominado por el crimen organizado y común;

no viajar de noche es una de las medidas más socorridas para evitar los asaltos, pero resulta que cientos de estos eventos ocurren, inclusive, a plena luz del día tanto en las autopistas de cuota como en carreteras federales.

Éstas últimas, por cierto, están no sólo en pésimo estado sino abandonadas por los responsables de la seguridad.

En marzo del 2022, miembros de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), una de las más poderosas del país, realizó un paro de actividades y bloqueos en varios estados, sobre todo, en los más críticos debido a la inseguridad.

Desde muy temprana hora comenzó la protesta en Ecatepec (uno de los municipios más inseguros de México, dominado por delincuencia organizada); Cuernavaca, Aguascalientes, Monterrey, Veracruz, Acapulco, Tulum, Tuxtla Gutiérrez y los límites de la ciudad de México.

Sus demandas: Seguridad en las carreteras, tarifas oficiales para el transporte, reemplacamiento para vehículos de carga y turismo, prohibición de los camiones con doble remolque, alto a los abusos y extorsiones por parte de las autoridades; reducción de los precios de la gasolina y del peaje en autopistas y carreteras federales.

Con independencia del resto de sus demandas, uno de los puntos centrales de la manifestación nacional de los transportistas fue la inseguridad en las carreteras, un problema explosivo por la impunidad que lo envuelve.

Y es que, en los últimos años, los asaltos a transportistas, autobuses de pasajeros y vehículos particulares ha ido en aumento.

Algunas cifras dan cuenta que el incremento es del 64 por ciento, con relación a otros años, algo que ya raya en el escándalo y que, no obstante, las autoridades no han podido frenar.

Algunos manifestantes acusaron a efectivos de la Guardia Nacional –la llamada policía militar –de estar implicados en esta industria de los asaltos y de proteger a los grupos criminales que operan en las carreteras del país.

Las cifras hablan: En el año 2020, por ejemplo, se presentaron ante las autoridades unas mil 120 denuncias por asaltos al transporte público y de carga.

Otras estadísticas dan cuenta de que cada mes hay algo así como 90 atracos.

El Gobierno Federal tiene pleno conocimiento de este problema, aseguran las víctimas, pero no se hace nada.

Para el gobierno federal es como si no pasara nada.

Tan es así que dispone, además, de una relación de las carreteras más peligrosas, catalogadas con base en el número de hechos ocurridos y denunciados ante las autoridades. Aquí no se cuenta la llamada cifra negra, que siempre resulta ser más abultada.

De acuerdo con datos oficiales, la carretera más peligrosa durante el 2020 y lo que va de este año es el tramo Puebla-Córdoba-Veracruz.

El tramo de La Esperanza está considerado altamente inseguro: es una zona de tráfico de combustible robado y narcotráfico.

Los responsables de los robos operan en todo ese tramo y muy cerca de la carretera disponen de bodegas, zonas protegidas para llevar a cabo la descarga de los tractocamiones y, por si fuera poco, también existe alrededor una amplia red de tiendas y pequeños negocios de abarrotes donde colocan la mercancía robada para ser vendida en el mercado negro.

En esa zona –como en otras con alto índice de asaltos a tractocamiones –es común ver cómo han proliferado las tienditas de abarrotes, ultramarinos, changarros donde se venden aceites –incluido el de oliva extravirgen –, leche, pan de marca, detergentes, galletas, alimentos enlatados –hasta mejillones ahumados y productos del mar en salmuera –, embutidos, vinos importados de diversas uvas, café, chocolates, por citar sólo algunos comestibles.

También se venden detergentes de todas las marcas, nueces, almendras, arándanos, jugos, latas de frutas en almíbar…

Y lo mejor es que todos los productos se ofertan a mitad de precio, es decir, 50 por ciento menos que en tiendas como Walmart o Comercial Mexicana.

Esto llama mucho la atención porque se trata de una actividad de lavado de dinero que opera en completa impunidad.

Es muy parecido al llamado huachicoleo: los delincuentes roban la gasolina y luego la venden a bajo costo e invierten sus ganancias en bienes raíces, la actividad más socorrida para el blanqueo de capitales.

La información oficial consultada también establece que otro de los tramos peligrosos, por el elevado índice de asaltos a camiones de carga, es el que comprende las ciudades de Uruapan-Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, tierra de nadie.

Aquí el territorio está tomado por la delincuencia organizada y ni la GN ha podido desarticular la actividad criminal.

Otra carretera de la muerte es el tramo Matamoros-Reynosa. Los datos señalan que el punto crítico es San Fernando, el mismo lugar donde cientos de migrantes fueron asesinados a manos del cártel del Noreste, organización criminal que se volvió el azote de Tamaulipas por elevada capacidad de generar violencia.

Pero eso no es todo: El llamado libramiento Norte, en la Ciudad de México, que conecta a los estados de Puebla, Querétaro y Veracruz, es otro de los tramos donde las alertas están encendidas. A este se suman Los Reyes-Zacatecas, México-Cuernavaca; México-Puebla; México-Querétaro y Pátzcuaro-Uruapan.

Y ni se diga la México-Ecatepec. Aquí no sólo han ocurrido asaltos: también violaciones y crímenes.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Ecatepec están afincados cárteles michoacanos, entre otros, Los Viagras, Familia Michoacana, así como algunas células del cártel de Jalisco que, por cierto, también opera ampliamente en la Ciudad de México, según reconoció hace tres semanas el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch.

En la información consultada resaltan otros tramos carreteros peligrosos, como el Querétaro-San Luis Río Colorado y la Querétaro-León.

También resaltan en rojo Orizaba-Fortín de Las Flores-Córdoba-Veracruz.

Los asaltos en carreteras al transporte de carga se han incrementado a pesar de que la GN vigila las vías de comunicación.

¿Complicidad?

Si este delito aumenta quiere decir que no están haciendo su trabajo o bien están coludidos con el hampa, dicen las víctimas.

No hay otra explicación.

De esta forma, los llamados “piratas del asfalto” gozan de impunidad, además, no operan desprovistos de armamento de alto poder, tecnología de punta y, como ya se dijo, cuentan con cadenas de distribución para vender sus mercancías en el mercado negro. Esto no lo ve el Sistema de Administración Tributaria.

Hace unos tres años, unos mil camiones de carga eran asaltados cada año en las carreteras.

Ahora la cifra ha aumentado, pese a que hay mayor vigilancia en las vías de comunicación, pues se disponen de cámaras y de una policía militar supuestamente mejor dotada de herramientas.

De acuerdo con los miembros de la AMOTAC y autoridades consultadas, los asaltos ocurren en paradas de camiones no establecidas, en estacionamientos de restaurantes y centros comerciales.

Cabe decir que, por desgracia, muchos conductores están ligados a los criminales, de igual forma los dueños de los camiones, pues al final del día quienes pagan los platos rotos son las aseguradoras, donde, a decir verdad, tampoco se descarta la corrupción.

En las carreteras de Estados Unidos y Europa existen puntos específicos para el parqueo de los camiones de carga.

Tienen prohibido parar en cualquier punto. Además, al menos dos días a la semana –sábados y domingos –los conductores deben descansar en estos puntos vigilados.

De esta forma se evitan accidentes durante los fines de semana.

Y la seguridad es permanente. Ahora sí que las reglas son muy claras.

En el caso de México hace falta una verdadera revolución en materia vigilancia.

Se debe empezar por las carreteras: la mayoría de éstas carecen de seguridad, están oscuras y las carreteras federales lucen deterioradas y, sobre todo, abandonadas.

Transitar por ellas es meterse a un túnel sin salida.

Ninguna autoridad garantiza la vida ni el patrimonio, pues lamentablemente muchos policías estatales y algunos de la GN están involucrados en el crimen organizado, como lo demuestran decenas de denuncias.

Y es que a medida que aumenta la población también aumentan las demandas de servicios y de seguridad.

El Estado no avanza en medidas a la misma velocidad que crece la sociedad, a lo que además hay que sumar el grave problema de la corrupción.

Ninguna autoridad puede garantizar orden: éste debe surgir de la misma consciencia: cada ser humano debe trabajar en ello.

El Estado debe ocuparse de crear empleo y mejores condiciones sociales, en suma, se requiere una verdadera revolución en todos los frentes: económico, social, humano, educativo, en materia de seguridad…

Una verdadera Cuarta Transformación que no sea como la actual, una continuidad maquillada del pasado.

México-Cuernavaca

Tanto en la carretera federal como en la autopista México-Cuernavaca, los secuestros, asaltos y hasta asesinatos se han incrementado, a niveles de escándalo, en el último año. Esta tuta siempre ha sido una de las más peligrosas, pues se sabe que elementos de la policía de la Ciudad de México, Estado de México y Morelos son, en su mayoría, los responsables de estos delitos.

El miércoles de la semana pasada, en el kilómetro 60 de la carretera federal México Cuernavaca, a la altura de una brecha conocida como “La Palma”, una pareja fue atacada.

Venían de la Ciudad de México –según dijeron –cerca de las 10:00 de la noche.

Explicaron que observaron que unos tres vehículos los rebasaron poco antes de llegar al kilómetro 60. Más adelante hay una curva.

Los autos no avanzaron ni cien metros y al ver que no venían coches de Cuernavaca hacia la ciudad de México se regresaron y justo en la brecha “La Palma” los interceptaron.

Eran seis sujetos armados. Los bajaron de su coche.

A la mujer le dieron un tiro en un brazo.

Luego los cambiaron de vehículo, uno que traía los vidrios rotos, señal de que era robado y estaba siendo utilizado para los secuestros.

Los trajeron paseando varias horas. Les exigieron un rescate de 150 mil pesos.

De no pagar los matarían, les dijeron. La pareja pasó del susto a la negociación.

Pidieron hablar con algunos familiares, quienes primero verificaron sino se trataba de una extorsión.

Hablaron con las víctimas y los reconocieron.

Luego se movilizaron para conseguir el dinero. Tuvieron que viajar desde Tlaxcala para recoger los cien mil pesos en la Ciudad de México y luego entregarlos en una gasolinera que está delante de Tres Marías, en dirección a la Ciudad de México.

La persona que entregó el dinero –todo dividido en una fajilla de 60 mil pesos y otra de 40 mil –la primera para el jefe de la banda y la segunda para los ejecutores del secuestro –observó que en dicha estación de gasolina había muchos taxistas y no descartó que éstos forman parte de la banda lo mismo que los empleados.

La red es amplia y muy peligrosa.

También participan algunos colombianos que operan en ese trato carretero y que viven en Cuautla. Los atracos ocurren principalmente por la noche, cuando el tráfico desciende.

Es curioso, según el testimonio de las víctimas, que cuando la noche cae la Guardia Nacional desaparece.

También la policía de Huitzilac, coludidas ambas con la delincuencia organizada.

A la pareja afectada les quitaron su automóvil –un Bora 2007 –, computadoras, identificaciones, tarjetas bancarias y sus teléfonos.

Luego de que pagaron el rescate los abandonaron en la carretera que conecta a Huitzilac con la vía federal que lleva Cuernavaca.

Para entonces eran las 4:00 de la madrugada.

Tuvieron que caminar varios kilómetros para llegar al hospital de Parres y ser atendidos, ella, sobre todo, que iba sangrando debido al balazo.

El martes 30, el gobernador de Morelos, Cuahtémoc Blanco, anunció que se preparan operativos tanto en la autopista como en la carretera federal México Cuernavaca. ¿Alertando a la delincuencia?

No se sabe si dichos operativos serán permanentes o temporales, pues resulta común que los operativos empiezan, luego concluyen y la delincuencia regresa a sus andanzas, a seguir secuestrando, asaltando y asesinando.

El estado de Morelos tiene un grave problema de criminalidad.

Al menos la mitad de sus municipios están siendo actualmente gobernados por alcaldes ligados a la delincuencia organizada.

Esta fue la herencia de Graco Ramírez y de Marco Antonio Adame, antecesor de Ramírez, quien fue ligado al crimen organizado durante su etapa como gobernador.

Por lo que respecta a Cuahtémoc Blanco existe una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) tras el escándalo de la fotografía en la que aparece con dos miembros del crimen. La foto fue tomada en la iglesia de Yautepec, Morelos.

Sin embargo, Blanco ha contado con la protección del presidente López Obrador, quien pregona que en su gobierno ya no hay corrupción, pero cuando brotan escándalos de inmediato protege a sus amigos.

Ahí está el caso de Ignacio Ovalle, un pillo de siete suelas que dejó un fraude de más de 15 mil millones de pesos en Segalmex y resultó premiado por el presidente:

ahora está despachando en la Secretaría de Gobernación a cargo de la operación para disponer recursos federales en apoyo a los municipios del país.

Al exempleado de Carlos Salinas no le han tocado ni un solo pelo. Eso sí, el presidente sigue presumiendo honestidad como si realmente fuera un político impoluto.

Ricardo Ravelo

Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.