Las pifias del Ejército contra la corrupción

Ciudad de México/Opinión

Ricardo Ravelo/Sinembargo.mxs

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“En el desglose de las maniobras de corrupción la denuncia señala que desde la ANAM actúan dos mujeres: Dulce María Barragán Escobar y Adriana Guadalupe Flores García”.

 A pesar de que el Gobierno Federal buscó limpiar las cloacas de corrupción militarizando las aduanas, una medida criticada pero necesaria, los vicios y fallas como las extorsiones a importadores y exportadores continúa desde las altas esferas de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Desde los puestos clave altos funcionarios de la ANAM operan retenciones de mercancías, lanzan alertas y así emprenden, según ellos, investigaciones para impedir el contrabando y otras anomalías.

Pero lo cierto es que todas esas maniobras tienen un objetivo: extorsionar a los agentes aduanales, así como a empresas dedicadas al comercio exterior.

De acuerdo con las denuncias de los afectados, muchos de ellos agentes aduanales, el problema prevalece porque junto con el personal militar siguen operando civiles que vienen de tiempo atrás y arrastran vicios de corrupción que aún están causando graves problemas en el sector aduanero.

Esto explica, dicen los quejosos, que las aduanas todavía no se han saneado y que tal objetivo tardará mucho más tiempo mientras el personal civil de la llamada “vieja guardia” siga teniendo cotos de poder en ese sector ahora militarizado.

En el desglose de las maniobras de corrupción la denuncia señala que desde la ANAM actúan dos mujeres: Dulce María Barragán Escobar y Adriana Guadalupe Flores García

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Antes, ambas operaban en la Dirección de Investigación Aduanera y después fueron cambiadas de adscripción: pasaron a la Dirección de Evaluación.

De acuerdo con las denuncias, fueron reclutadas por Álvaro Alejandro Hernández, quien fungió como director de esa área.

Este personaje ahora opera de manera externa en contubernio con Barragán Escobar y Flores García, respectivamente, y tiene un largo historial como extorsionador, según las denuncias a las que este reportero tuvo acceso.

Según la denuncia citada, Álvaro Alejandro Hernández tiene actividades presuntamente ilícitas fuera de la ANAM, pero opera coludido con las mujeres citadas para “extorsionar a los contribuyentes”.

Para lograr su cometido, ejercen presión a través de retenciones, requerimientos, solicitudes de análisis, emisión de alertas a otras áreas de aduanas, incluso fuera de sus facultades de acuerdo a las atribuciones establecidas en el reglamento interno.

la banda que opera en la ANAM recurre a todo tipo herramienta que le funcione para generar retrasos en la liberación de mercancías y, según los denunciantes, muchas veces exceden los plazos establecidos en la Ley Aduanera y sus reglamentos, lo que ocasiona que se incurra en demoras en perjuicio de los contribuyentes, lo que causa elevación de costos de operación.

“Todo esto se resuelve llegando a un acuerdo con el grupo de funcionarios y, en particular, con este extorsionador (se refieren a Álvaro Alejandro Hernández Sierra) y sus secuaces, quienes siguen en el servicio público. Sólo mediante arreglos económicos millonarios se logran liberar las mercancías”.

En los pormenores de las denuncias, los exportadores e importadores afectados con estas prácticas de corrupción le piden a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que para verificar estos hechos ilegales soliciten las alertas establecidas durante los años 2022 y 2023 en el sector de importación de vehículos –así como textiles, aparatos eléctricos, entre otras mercancías –para los proveedores de información en el extranjero, las compulsas de información generadas a través de los consulados o embajada de México en los Estados Unidos de Norteamérica.

Ahí se podrá verificar –señalan –“que sólo a los contribuyentes que no han querido pagar las extorsiones se convierten en la competencia de los que sí pagaron”.

Al explicar otros pormenores del modus operandis de las extorsiones afirman que “son inadmisible las alertas con porcentajes por arriba del 50 por ciento de la operación para sólo algunos agentes aduanales y/o operadores de información en el extranjero, o bien las compulsas generadas a través de los consulados, sin fundamento”.

Y cuestionan:

:¿Por qué sólo algunos? ¿Qué porcentaje representan estos contribuyentes fiscalizados respecto de la operación? ¿La Dirección General de Evaluación cuenta con facultades para que esté solicitando alertas? Además, ¿Por qué ellos mismos decidan si cumplen o no con la operación para que procedan con la liberación de las mercancías?