La ley aprobada es menos punitiva que las versiones anteriores de la legislación redactada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, lo aprobado deteriora el marco minero de México, que comenzó con la falta de permisos mineros emitidos desde 2018 y la reforma laboral de 2019”.
En un análisis, advirtió que la actividad de exploración será la más afectada, y es que si bien aún quedan detalles por definir en reglas específicas, las actividades se centralizarán con el Servicio Geológico Mexicano, anteriormente una agencia de investigación dirigida por el gobierno, que permitirá la exploración privada luego de llegar a acuerdos especiales.
Esto podría resultar en subastas públicas de nuevas concesiones en lugar de un proceso de prioridad del primer solicitante.
Además, los requisitos de concesión son los mismos para cada etapa de explotación, lo que genera una mayor carga regulatoria para los proyectos en etapa inicial.
Esto incluye la presentación de futuros planes de cierre de minas, cuando tales detalles son difíciles de obtener antes de que se lleve a cabo la exploración”, alertó.
A ello, se suma que la duración de las concesiones de derechos de agua coincide con la de la concesión minera según la nueva ley.
Sin embargo, según la nueva normativa, el gobierno puede revocar la concesión minera si cree que el consumo humano local de agua está en riesgo, lo que aumenta la incertidumbre y los requisitos operativos administrativos.
Aunque Fitch mencionó que es poco probable que esta legislación presione las calificaciones sobre las importantes empresas mineras que operan en el país y que califica la agencia, sí afecta a las nuevas concesiones.
Las grandes reservas, las concesiones prospectivas y la estrategia de crecimiento diversificado deberían limitar los efectos a nuestra cartera calificada, incluyendo la de Grupo México, Southern Copper e Industrias Peñoles”.
