El intento del presidente Joe Biden de lidiar de manera eficiente con una nueva oleada de migración luego del fin de las restricciones pandémicas del Título 42 ha vuelto a centrar la atención en una grave escasez de jueces, resultado de una negligencia de larga data que ha abrumado al sistema judicial de inmigración con una acumulación de más de 2 millones de casos.
El sistema judicial está plagado de retrasos de años y baja moral, ya que una fuerza laboral de unos 650 jueces lucha por mantenerse al día con el volumen de casos de inmigración, dejando en el limbo a los inmigrantes que han vivido ilegalmente en Estados Unidos durante mucho tiempo.
El cuello de botella muestra cómo los desafíos de lidiar con un aumento en la inmigración no terminan en la frontera Sur.
Aunque el escrutinio se ha centrado en cómo los agentes de la Patrulla Fronteriza manejarán las multitudes de inmigrantes, los funcionarios públicos y los expertos en inmigración dicen que aumentar la cantidad de jueces de inmigración es crucial para reformar el sistema.
Biden ha logrado algunos avances, contratando a más de 200 jueces desde que asumió el cargo, pero aún no cumple su promesa de campaña de duplicar la cantidad de jueces de inmigración.
Algunos de los jueces trabajarán los siete días de la semana durante un tiempo mientras la administración enfrenta el nuevo aumento, según el Departamento de Justicia.
Eliza Klein, quien dejó su puesto como jueza de inmigración en Chicago en abril, dijo que el último aumento en los cruces fronterizos ilegales ejercerá presión sobre la fuerza laboral con poco personal, ya que prioriza a los inmigrantes que cruzaron recientemente.
Eso hará que algunos casos más antiguos languidezcan aún más, dijo.
“Esta es una gran tragedia porque crea una segunda clase de ciudadanos”, dijo Klein, quien comenzó a trabajar como juez de inmigración en la administración Clinton, sobre esos inmigrantes que han estado esperando años para resolver sus casos.
El caso más antiguo adjudicado por Klein había estado pendiente en la Corte durante 35 años, dijo.
“Es una vergüenza”, dijo Klein.
“Mi perspectiva, mi pensamiento, es que no estamos comprometidos en este país a tener un sistema justo”.
Mientras multitudes de migrantes continuaron buscando refugio en los Estados Unidos después del levantamiento del Título 42, las autoridades estadounidenses dijeron que la frontera se mantuvo relativamente ordenada.
Aún así, unas 10 mil personas cruzaron la frontera el jueves, un número históricamente grande, pero que se redujo significativamente a unas 6 mil 200 el viernes.
Decenas de miles de migrantes continuaron esperando en campamentos improvisados a ambos lados de la frontera la oportunidad de solicitar refugio en Estados Unidos.
La administración siguió preocupada por el hacinamiento; la Patrulla Fronteriza tenía más de 24 mil migrantes en custodia el viernes, muy por encima de la capacidad máxima de la agencia de aproximadamente 20 mil en sus instalaciones de detención.
La acumulación de casos de inmigración aumentó a 1 millón en 2019 durante la administración Trump, pero desde entonces ha aumentado a más de 2 millones de casos, según los datos recopilados por Transactional Records Access Clearinghouse en la Universidad de Syracuse.
El tiempo promedio para cerrar un caso de inmigración es de unos cuatro años, según la base de datos.
Pero algunos jueces dicen que tienen casos pendientes desde hace más de una década.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo esta semana que el atraso era un “poderoso ejemplo de un sistema de inmigración que no funciona”, mientras pedía al Congreso que aprobara una ley de reforma migratoria.
En su solicitud de presupuesto para 2023, Biden solicitó fondos para contratar a 200 jueces más.
El Congreso asignó fondos para sólo 100 jueces adicionales, para un total de 734 puestos.
El Gobierno todavía está trabajando para llenar los espacios.
Mimi Tsankov, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dijo que para abordar verdaderamente el retraso, la administración de Biden necesitaría hacer más que simplemente contratar más jueces.
Ella dijo que el Gobierno debería aumentar los fondos para una mejor tecnología y equipos legales más grandes, y que el Congreso debería reformar las leyes de inmigración de la nación.
“No creo que Estados Unidos haya tratado nunca la adjudicación de ningún beneficio migratorio como una prioridad para su política de inmigración”, dijo Cristóbal Ramón, consultor de inmigración que ha escrito para el Instituto de Política Migratoria y el Instituto George W. Bush.
Las restricciones fronterizas del Título 42, promulgadas por la administración Trump, permitieron a los agentes fronterizos rechazar rápidamente a los migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo, con el argumento de que evitaría la propagación de Covid-19.
Ahora que se han levantado las restricciones, muchos migrantes podrán volver a solicitar asilo asegurando una cita a través de una aplicación o cruzando y convenciendo a un oficial de inmigración de que tienen un temor creíble de persecución en casa. De todos modos, probablemente esperarán años en los Estados Unidos antes de obtener una resolución en su caso.
Por lo general, después de que los migrantes cruzan la frontera, un oficial de asilo los interroga para determinar si tienen un temor creíble de persecución en el hogar.
Después de cumplir con el estándar, muchos son liberados en los Estados Unidos y esperan años hasta que los escuchen en la Corte.
Como presidente, Donald Trump se burló del programa de asilo estadounidense y dijo que los migrantes que huían de la pobreza y la corrupción eran parte de una “estafa” y un “engaño”.
Mientras buscaba frenar la inmigración ilegal y legal, Trump impuso una cuota para completar 700 casos al año.
El sindicato que representa a los jueces de inmigración de la nación dijo que la cuota se produjo a expensas del debido proceso.
El sindicato presentó una queja laboral contra el Departamento de Justicia de Trump después de que la oficina ejecutiva de revisión de inmigración de la agencia enviara a los empleados de la Corte un enlace a una publicación de blog de un sitio web nacionalista blanco.
La publicación incluía ataques antisemitas contra los jueces.
Biden eliminó las cuotas de jueces de inmigración de la era Trump cuando asumió el cargo y en 2021 instituyó un sistema para tratar de agilizar el procesamiento de los casos de asilo.
La administración de Biden colocó alrededor de 110 mil casos relacionados con recién llegados en un expediente especial, con el objetivo de terminarlos en un año.
Alrededor del 83% de esos casos se cerraron, pero sólo el 34% de los inmigrantes encontraron representación, según la base de datos de Syracuse.
Los inmigrantes tienen derecho a un abogado, aunque el Gobierno no está obligado a pagar por la representación legal.
Sólo a 3 mil de los migrantes se les concedió asilo.
Klein ahora teme que sus antiguos colegas se vean obligados una vez más a apresurarse con docenas de casos a la vez.
“Estás siendo tratado como si todo lo que estuvieras haciendo fueran números.
Sólo estás terminando una cierta cantidad de dígitos por día”, dijo Klein.
“Ha habido una caída significativa en la capacidad de enorgullecerse de su trabajo”.
Como parte de las acciones para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, esta mañana el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuellar entregó equipo especializado para el combate contra incendios y motobombas de remolque, destinados a mejorar la seguridad y eficiencia del Departamento de Bomberos en situaciones de riesgo.
Sergio Rodríguez, titular de la Dirección de Protección Civil, informó que en total se entregaron 80 equipos de protección personal completos, con una inversión total de 6,475,421.60 pesos.
Estos equipos, aprobados por la National Fire Protection Association (NFPA), incluyen Chaquetón, pantalón, guantes y botas de goma para bomberos, escafandras y cascos especializados.
Así mismo, se adquirieron tres motobombas de remolque de dos ejes con un motor de combustión interna de alta presión, con una inversión de 1,920,960.00 pesos.
Estas motobombas son fácilmente transportables y permiten suplir temporalmente la labor de las máquinas extintoras, asegurando que estas puedan regresar a sus estaciones para estar disponibles ante cualquier otra emergencia.
La incorporación de este equipo es fundamental para mantener una cobertura adecuada en la ciudad, especialmente en eventos de gran magnitud que demanden el uso de múltiples unidades de extinción.
Un Médico Nefrólogo además de personal médico fueron corridos de su trabajo después de que se hicieran públicas las denuncias de que en el área de hemodiálisis del hospital había la presencia de que salió agua verde con lama y moho en la llave de osmosis de la hemodiálisis, misma con la que lavan la sangre de los pacientes.
El personal afectado afirma que por órdenes directas del delegado estatal el Dr.Jose Antonio Zamudio González, se dieron de baja a enfermeras de esa área.
Ésto derivado de una investigación laboral, que dió inicio por las bacteremias que han presentado múltiples pacientes, de lo cual los trabajadores, médicos y enfermeras dimos aviso a las autoridades competentes, mediante oficio y la respuesta de las autoridades del hospital general de zona #35 fue finiquitar la relación laboral, en dicho nosocomio, nos obligaron a trabajar en la ilicitud, incumplimiento con lo que establecen las normas y leyes de salud, el Dr. Pilar Everardo Campos el subdirector medico del HGZ#35 en su comparecencia previa que se dió el día 25 de octubre aceptó trabajar y obligar al personal a trabajar incumpliendo con la norma Oficial y comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios (COFEPRIS). Al aceptar que la hemodiálisis del hospital mencionado no cuenta con:
1.-Licencia sanitaria para funcionar.
2.-Aviso de funcionamiento.
3.-Medico responsable sanitario.
Por lo cual incumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010 PARA LA PRÁCTICA DE HEMODIÁLISIS en su apartado
4.9 (Unidad de hemodiálisis certificada) al establecimiento de atención médica que oferte y practique servicios de hemodiálisis, que por cumplir con los criterios de infraestructura, equipamiento, organización y funcionamiento que señalan las disposiciones aplicables, se ha hecho acreedor a un reconocimiento de certificación expedido por instituciones u organizaciones establecidas para tal fin.
Afuera en el estacionamiento del negocio conocido como Bar Pockets se registró un ataque armado donde murió a consecuencia de múltiples disparos de arma de fuego un hombre que laboraba como parquero del lugar , decenas de automovilistas que pasaban por el cruce de las avenidas López Mateos y Juan Gabriel fueron testigos del crimen.
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