Llaman jueces de condados de El Paso e Hidalgo a Biden a frenarla por anticonstitucional; protestan activistas

Hérika Martínez Prado/Jaime Torres/El Diario

Pese a la oposición de activistas y funcionarios electos demócratas, Texas tiene ya una nueva ley que castiga severamente a quienes sean descubiertos transportando inmigrantes indocumentados, así como a quienes los albergue en casas de escondite.

De acuerdo con datos de la Legislatura de Texas en Línea (TLO), el gobernador Greg Abbott firmó este martes 21 de noviembre, sin realizar una ceremonia especial, la controvertida ley SB4, que fue aprobada a principios de mes por el Senado estatal.

La legislación entrará en vigor a partir del próximo 6 de febrero de 2024, permitiendo a los “troopers” del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y a los departamentos del Sheriff del estado arrestar, procesar y encarcelar a cualquier persona que ingresé de manera irregular a Texas.

Bajo la nueva ley, quien sea encontrado con un migrante sin documentos dentro del estado enfrenta hasta 10 años de prisión.

También establece un mínimo de cinco años en la cárcel para quien opere una casa de escondite de inmigrantes.

La iniciativa fue apoyada por 92 legisladores estatales, mientras que 54 se opusieron a su aprobación.

Con esta votación no alcanzó el umbral necesario para que la ley entrara en vigor el 1 de diciembre.

La SB4 forma –junto con la SB3– parte de un paquete de medidas propuestas por los republicanos de Texas, bajo la dirección de Greg Abbott que buscan endurecer la aplicación de la ley estatal en la frontera con México bajo el argumento de que las autoridades federales de la administración Biden no cumplen con el compromiso de evitar el flujo de migrantes y drogas a Estados Unidos.

Exigen a Biden frenarla

Los jueces de los Condados de El Paso, Harris y Travis han pedido al presidente Joe Biden que impida que la Ley del Senado 4, que faculta a los agentes para arrestar y deportar a personas sospechosas de cruzar la frontera ilegalmente, entre en efecto.

En la carta emitida el lunes 20 de noviembre, la jueza del Condado de Harris, Lina Hidalgo, el juez del Condado de Travis, Andy Brown, y el juez del Condado de El Paso, Ricardo A. Samaniego, escribieron que la legislación viola la Constitución de los Estados Unidos y es “una violación directa de la jurisdicción del Gobierno federal sobre la ley de inmigración”.

“En la práctica, la SB 4 permitirá, y en ocasiones exigirá, que los jueces de todo el estado de Texas deporten a las personas, incluso si están en el proceso de solicitar asilo”, escribieron los jueces del Condado.

“Los agentes de Policía, cuya eficacia depende de estrechos vínculos con sus comunidades locales, estarán ahora a cargo de detener a los inmigrantes para su deportación”.

En su carta, los funcionarios del Condado dijeron que la legislación dañará la relación del país con México y “no tiene precedentes como el intento de Texas de declarar sus propias guerras”. Funcionarios del Gobierno mexicano declararon en una carta obtenida por The Texas Tribune que “rechazan” la ley por completo.

“En respuesta a esta legislación, el Gobierno mexicano reafirmó que México continuará trabajando con el Gobierno federal de Estados Unidos en asuntos de inmigración.

Sin embargo, México aclaró que “rechaza categóricamente” la SB 4 por preocupaciones sobre el debido proceso y las ramificaciones de aplicar una inmigración irregular.

“Las políticas implementadas por estados individuales se aprovechan de su vulnerabilidad”.

“La inmigración, como tema, es fácil de convertir en un arma por razones políticas”, escribió el trío en la carta.

“A lo largo de la historia, los políticos han explotado el miedo al ‘otro’ para obtener beneficios políticos.

Pero las soluciones efectivas no se soportarán mediante posturas políticas peligrosas. Inmigrantes que huyen de dictaduras y violencia en países como Venezuela o Colombia, que están dispuestos a poner sus vidas en riesgo simplemente para cruzar la frontera, no se dejarán disuadir por la amenaza de una posible deportación.

Una legislación como la SB 4 no es la solución”.

Urgen intervención rápida

El Hope Border Institute, por su parte, hizo un llamado a la administración del presidente Joe Biden para intervenir rápidamente contra las medidas que criminalizan a las personas migrantes.

“Nuestras comunidades son efectivas e implacables a la hora de hacer retroceder estas políticas y el pánico, la ansiedad y el daño que causan.

Pero aquí la administración Biden debe intervenir rápidamente. Hace mucho tiempo que la administración desafió la Operación Estrella Solitaria de Texas y la gran cantidad de leyes de Texas que últimamente han apuntado cínicamente a los vulnerables en apoyo de una política de exclusión”, denunció la organización que apoya a los migrantes en Ciudad Juárez y en El Paso.

“En lugar de priorizar el dinero de los contribuyentes para inversiones muy necesarias en educación pública y atención médica, la Legislatura de Texas votó a favor de gastar fondos públicos para continuar la construcción de un muro fronterizo y expandir drásticamente la aplicación punitiva de la inmigración en el estado, sin ningún mandato legal”, señaló ayer Hope.

La organización binacional denunció que “cuando las leyes apuntan y criminalizan a nuestros vecinos, particularmente a nuestros amigos afroamericanos, morenos e indocumentados, las comunidades se unen (…)

estas nuevas leyes podrían dañar las relaciones comunitarias, ser una carga para los contribuyentes locales y sobrecargar las cárceles del Condado”, denunció.

Advierten discriminación

Organizaciones estadounidenses se pronunciaron ante la nueva ley que acusará de tráfico de personas a cualquier persona sin importar si se trata de un familiar.

“El estado de Texas va camino de convertirse en un foco de discriminación racial y de violaciones de los derechos humanos y civiles”, denunció la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés),

la cual se sumará a otras organizaciones de Texas para lanzar una campaña de resistencia en todo el Estado para garantizar la educación y protección de los derechos humanos y civiles de los residentes fronterizos, las personas de minorías y otras comunidades vulnerables.

“Desde su introducción, BNHR hizo sonar la alarma sobre lo que se convertiría en un vehículo para el encarcelamiento masivo y la criminalización de residentes de color, familias de estatus mixto, inmigrantes y refugiados de la frontera de Texas.

Esta legislación fue diseñada intencionalmente de manera vaga y amplia para que una persona que llevara a su abuelo, padre, compañero de clase o vecino indocumentado a la tienda, al consultorio del médico o a la iglesia fuera acusado y se le impusiera una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión”, dijo Fernando García, director de BNHR.

El activista con sede en El Paso advirtió que “estas sentencias penales injustas, racistas, clasistas y punitivas representan una gran amenaza para los derechos civiles de las personas de color, fronterizas e inmigrantes residentes en Texas, ya que estos castigos exceden con creces la pena común según la ley federal”.