Omisiones criminales de la 4T

EnVivojrz/ Gina Andrea Cruz Blackledge

La destrucción y muerte causadas por el huracán Otis fueron el resultado combinado del desencadenamiento de fuerzas naturales descomunales y de la ineptitud de un gobierno cuya inhumanidad, cinismo y crueldad, son evidentes y escandalosas.

La tragedia para el Estado de Guerrero comenzó mucho antes de la llegada del huracán:

en julio de 2021 se oficializó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) bajo el desgastado y reiterado argumento de presuntos actos de corrupción y con el falaz engaño de que el dinero llegaría de forma directa a las personas afectadas por los efectos adversos de diversos tipos desastres.

Igualmente, desafortunada fue la destrucción del Sistema Nacional de Protección Civil mediante una irreflexiva y ocurrente reforma para transferir las facultades en la materia que antes tenía la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El 24 de octubre a las 14 horas, un día antes de que Otis tocara tierra en Acapulco, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos había alertado sobre la peligrosa intensificación de la velocidad del Huracán,

previéndose que tocaría tierra con categoría 4, advirtiéndose entonces la imperiosa necesidad de “apresurar los preparativos para proteger las vidas y las propiedades”.

Se alertaba además en el sentido de que habría en Guerrero “vientos extremadamente destructivos”, así como “una marejada ciclónica peligrosa y potencialmente mortal”.

El gobierno de México, en coordinación con el del Estado de Guerrero, tuvo la dorada oportunidad de evacuar a la ciudadanía de zonas de alto riesgo, establecer un sistema de albergues y prevenir al menos a la gente en altamar y en las comunidades más vulnerables.

Pero nada de esto se dio.

Otis tocó tierra el 25 de octubre convertido en un huracán con categoría 5, causando la destrucción y devastación que ya todos conocemos.

La reacción gubernamental ante la destrucción fue evadir responsabilidades bajo el argumento de que el huracán había tomado fuerza, de forma repentina, al pasar de tormenta tropical a huracán.

En el colmo de la desfachatez la noche del 24 de octubre los asistentes a la XXXV Convención Nacional de Minería, esperaban a la gobernadora durante la cena, pero ella canceló su participación más no la Convención, por la llegada de Otis, obligando a que cientos de invitados regresaran a sus hoteles.

El gobierno utilizó la tragedia para montar el espectáculo de un censo, con abiertos tintes electorales, ante el repudio y la indignación de los habitantes.

Rápidamente, miles de personas afectadas inundaron carreteras y caminos en busca de ayuda, ante la ineficacia de la respuesta gubernamental.

El 27 de octubre, en un despliegue desafortunado de autoritarismo, propaganda y opacidad el presidente anunció que la ayuda solo podría llegar a través del Ejército.

En redes circularon videos de indignación de personas que no habían podido entregar directamente la ayuda a familiares y personas afectadas.

Los días posteriores, la sociedad civil organizada rebasó ampliamente las capacidades y la ayuda gubernamental.

La desaparición del FONDEN ha tenido consecuencias desastrosas para la plena recuperación de la entidad.

El FONDEN estaba dirigido a restituir de forma urgente infraestructura crítica de comunicaciones, pero ante la falta de recursos y la tibia repuesta gubernamental, la energía eléctrica se restableció, en un 75 por ciento, hasta el 1 de noviembre.

El panorama de desolación ha sido ocultado por el gobierno, pero ha causado escándalo en la prensa internacional, principalmente por la lamentable respuesta gubernamental.

Miles de comunidades fueron destruidas, el lodo se adueñó de las calles, la muerte de personas y animales puso en alerta a la ciudadanía sobre posibles focos de infección.

Las cifras oficiales de muertes fueron maquilladas para disfrazar el panorama de muerte y desolación que afectó a Guerrero.

El extremo cinismo y la gigantesca irresponsabilidad gubernamentales fueron puestos en evidencia varios días después por el propio presidente de la República, quien declaró, el 8 de noviembre, que había pensado en advertir mediante las redes sociales que Otis “venía cañón, pero dije no, con esto basta”.

El desprecio por la vida humana bajo un gobierno que se dice humanista niega cualquier atisbo de sensibilidad y empatía hacia las miles de víctimas.

El gobierno publicó en el Diario oficial de la Federación dos declaratorias: la primera del 30 de octubre por la ocurrencia de lluvias severas y vientos fuertes;

y la segunda el 2 de noviembre para declarar desastre natural en 47 municipios, reduciéndola después a solo 2.

Lamentablemente, el 9 de noviembre se publicó el Aviso de Término de la Declaratoria de Emergencia en los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, lo que no es otra cosa que un intento artero de invisibilizar a las víctimas.

El mismo 9 de noviembre, la Cámara de Diputados daba la última puñalada a Guerrero, al no aprobar un solo peso para la reconstrucción y al votar un presupuesto que, en los hechos, le quita recursos a la entidad.

La negativa de la mayoría a apoyar a Guerrero, ha dejado a la entidad solo con los anunciados apoyos de 61 mil millones de pesos, francamente insuficientes para la reconstrucción que rodaría los 300 mil millones de pesos.

A esto se suma la ausencia del presidente de las zonas de desastre, quien antes que visitar el Estado, prefirió ir a Badiraguato.

La reconstrucción de Guerrero, y en particular del puerto, solo es un tema de campaña más para esta Cuarta Transformación que está viviendo, en la entidad, la más grande crisis humanitaria del sexenio.

Sin apoyos y sin empatía gubernamental, miles de compatriotas viven hoy bajo el sello de la incertidumbre ante la indolente respuesta de un gobierno inhumano y cruel.

La autora es senadora por Baja California y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.