Abarcará frontera para lograrlo

EnVivoJRZ/ Agencias/Diario de el Paso

El Departamento de Defensa de Estados Unidos amplió el territorio de Fort Bliss en la frontera Sur de Texas para establecer una segunda zona militar en la frontera con México, permitiendo a soldados detener y registrar a personas que crucen de manera irregular, según confirmó el Comando Norte el jueves

La nueva zona, conocida oficialmente como el Área de Defensa Nacional de El Paso, abarca aproximadamente 53 millas (85 kilómetros) desde el límite urbano de El Paso hasta el pequeño pueblo de Fort Hancock, en el adjunto Condado de Hudspeth.

Se trata de la segunda expansión de este tipo implementada en la frontera en menos de un mes, como parte de una estrategia del Gobierno federal para reforzar el papel del Ejército en el control migratorio, un enfoque que ha levantado inquietudes sobre los límites legales y éticos del uso de tropas en tareas tradicionalmente civiles.

“La creación de una segunda Área de Defensa Nacional aumenta nuestro alcance operacional y nuestra efectividad para negar actividades ilegales a lo largo de la frontera Sur,” dijo el general Gregory Guillot, comandante del Comando Norte, en un comunicado.

Desde el mes pasado, tropas estadounidenses también operan en una franja de unas 170 millas (273 km) de largo en el Sur de Nuevo México, parte del área conocida como la Reserva Roosevelt.

Allí, al menos 25 personas fueron acusadas esta semana en una Corte federal por ingresar sin autorización, aunque los documentos judiciales no especifican qué agencia realizó las detenciones.

El Comando Norte indicó que no fueron soldados.

Lo que diferencia a estas zonas militares de las operaciones previas en la frontera es el poder conferido a las tropas dentro de ellas:

pueden detener temporalmente a quienes ingresen sin permiso, realizar registros, prestar asistencia médica y transferir a los detenidos a las autoridades civiles correspondientes.

Fuera de estas zonas, los soldados sólo pueden observar y reportar.

El coronel Geoffrey Carmichael, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, explicó que vehículos blindados Stryker del Ejército, desplegados desde Fort Carson (Colorado), realizarán patrullajes y vigilancia por cámaras fijas y móviles en la zona de El Paso.

Los soldados ya comenzaron a colocar letreros advirtiendo que el terreno forma parte de una base militar.

Estas medidas se producen tras la orden del presidente Donald J. Trump, quien en su regreso a la Casa Blanca en enero ordenó desplegar fuerzas activas en la frontera.

Además de crear estas zonas para eludir las restricciones legales que impiden al Ejército participar en tareas de orden interno.

La administración Biden había mantenido unos 2,500 miembros de la Guardia Nacional en la región, pero Trump elevó la cifra a más de 4,000 efectivos, entre soldados y marines, actualmente desplegados en la frontera Suroeste.

Cuestionan legalidad

Expertos en Derecho han expresado inquietudes sobre la legalidad de estas acciones.

El Acta Posse Comitatus de 1878 prohíbe el uso de fuerzas militares federales para hacer cumplir las leyes civiles dentro de Estados Unidos, a menos que el Congreso lo autorice explícitamente.

Aunque el Gobierno argumenta que estas zonas son extensiones de bases militares, lo que permitiría ciertas acciones bajo la “doctrina de propósito militar”, algunos expertos cuestionan esta interpretación.

Elizabeth Goitein, experta en poderes de emergencia presidencial en el Brennan Center for Justice, señaló que “la doctrina de propósito militar no se aplicaría en este caso y probablemente sería impugnada en los tribunales”.

Además, Chris Mirasola, analista legal de Lawfare, advirtió que “el presidente no tiene una capacidad ilimitada para utilizar al Ejército en la detención de migrantes en bases militares”.

Implicaciones constitucionales

La implementación de estas zonas militares también plantea preocupaciones sobre los derechos constitucionales de los migrantes.

La posibilidad de que soldados realicen detenciones y registros sin las garantías procesales habituales podría contravenir protecciones establecidas en la Cuarta y Quinta Enmiendas.

Organizaciones de derechos civiles, como la ACLU, han expresado su preocupación por la militarización de la frontera y el potencial de abusos en la detención de civiles por parte de tropas entrenadas para el combate, no para tareas policiales.

Reacciones políticas

La medida ha recibido apoyo de algunos funcionarios estatales.

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, ha respaldado las zonas militares y ha contribuido con recursos estatales, incluida la Guardia Nacional, para la seguridad fronteriza.

En contraste, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, condenó la iniciativa como un uso innecesario del personal militar

Cambio significativo

La expansión de zonas militares en la frontera Sur de Estados Unidos representa un cambio significativo en la política de inmigración y seguridad nacional.

Mientras el Gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para prevenir actividades ilegales, expertos legales y defensores de los derechos civiles advierten sobre posibles violaciones constitucionales y la erosión de protecciones legales fundamentales.

La legalidad y constitucionalidad de estas acciones probablemente serán objeto de desafíos judiciales en los próximos meses, lo que podría tener implicaciones duraderas para la política fronteriza y el papel del Ejército en asuntos civiles.

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