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Tensión en Poderes de la Unión
El INAI está imposibilitado para impugnar el nuevo acuerdo presidencial
APRO/ 20 mayo, 2023
Por Diana Lastiri/Apro
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La confrontación entre los poderes de la Unión escaló al punto en que, en franco desafío, el presidente López Obrador emitió un decreto presidencial que ignoró una resolución de la Suprema Corte que lo obligaba a transparentar las obras insignias de su administración, al tiempo que arreció la andanada de descalificaciones contra los ministros del máximo tribunal y en particular contra su presidenta Norma Piña.
Fue “una chicanada” del mandatario, juzga el investigador Jesús Garza Onofre, en referencia a que actualmente el INAI está imposibilitado para impugnar el nuevo acuerdo presidencial, pues no tiene quórum legal para hacerlo y es el único organismo legitimado para ello.
La tensión entre los tres poderes de la Unión por las declaratorias de inconstitucionalidad desde el máximo órgano del Poder Judicial de actuaciones del Ejecutivo y el Legislativo para favorecer al proyecto de la llamada Cuarta Transformación se incrementó la semana pasada en razón de unas comunicaciones por WhatsApp enviadas por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, y por la decisión de la Presidencia de la República de pasar por alto una resolución del máximo tribunal.
En menos de un mes, la Suprema Corte ha fallado en tres ocasiones al hilo en contra del Ejecutivo.
En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha arreciado sus críticas a los ministros que han votado en su contra y, en un movimiento considerado entre los abogados como “chicanada”, el pasado jueves 18 emitió un decreto para desautorizar el más reciente fallo de la SCJN que lo obligaba a transparentar las obras insignias de su gestión.
A la tirantez se sumó una confrontación de la ministra Piña con el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta Mier.
Sin medir las consecuencias, la cabeza del Poder Judicial de la Federación dejó a un lado la comunicación institucional cuando la noche del martes 16 se dirigió a Armenta en términos que el político poblano consideró intimidatorios.
Pasaron más de 24 horas sin que el área de comunicación del máximo tribunal respondiera a los graves señalamientos.
Ninguna reacción salió de la oficina de la ministra presidenta, ni de los nuevos responsables de comunicación social de la Corte.
MENSAJES PRIVADOS
Promotor de la “democratización” de la Corte con la elección de sus ministros mediante el “voto popular”, tal como lo quiere el presidente López Obrador, Armenta convocó a una conferencia el miércoles 17 para informar que la ministra Piña le había enviado mensajes intimidatorios vía WhatsApp.
Tras exhibir una serie de mensajes intercambiados con la ministra, informó que envió un escrito a la Corte y a la presidenta para verificar tales comunicaciones.
“Recibí mensajes a las nueve con un minuto, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador Federal”, dijo.
Por ello, solicitó a la ministra presidenta que, bajo protesta de decir verdad, aclarase los hechos.
En los mensajes mostrados por Armenta, la ministra Piña le indicó que los comentarios que realizaría eran estrictamente personales, pero los sostendría en público.
“Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?”, le cuestionó.
En la conversación, el senador pregunta a la ministra si tiene la calidad moral para cuestionarlo sobre ello, posteriormente la retó a hacerlo en público y no escudarse en su cargo.
Al reprocharle que el comentario fue intimidatorio, la ministra Piña rechazó que fuera intimidante y le respondió que sólo fue “un comentario de corazón”.
Desde abril pasado, el senador morenista impulsó una iniciativa de reforma para que los ministros de la Corte se elijan mediante el voto popular, sin campañas políticas, pero bajo un principio de “idoneidad”.
Horas antes del escándalo, en entrevista, Armenta reiteró su consideración de que es necesario “democratizar” el Poder Judicial para que los jueces y magistrados sean elegidos de manera directa por los ciudadanos y estén sujetos a rendición de cuentas.
Repitió los dichos del presidente López Obrador al reprochar que los ministros cuentan con un sueldo de casi 300 mil pesos mensuales; aguinaldos de 586 mil pesos; primas vacacionales por 95 mil pesos y más de 700 mil pesos anuales de viáticos.
Dichas cantidades han sido difundidas por el presidente López Obrador como reacción a la decisión de la Corte de invalidar la primera parte del Plan B de la reforma electoral.
“Respeto a las mujeres, respeto a la presidenta de la Corte, pero necesito que se haga una investigación y para ello lo primero que necesito saber es si se confirma esta comunicación que presuntamente salió del teléfono de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señaló Armenta.
Afirmó que, por medio de la secretaria técnica de la Mesa Directiva del Senado, un funcionario llamado Francisco Tapia, quien se acreditó como asesor de la ministra Piña, solicitó el número del legislador. De acuerdo con el directorio de servidores públicos de la Corte, Tapia trabaja en la Dirección General de Relaciones Institucionales con puesto de dictaminador I.
El tema comenzó a subir en la agenda pública pues las horas pasaban y ni la Corte ni la ministra Piña salían a confirmar o a desmentir al presidente del Senado.
Armenta y el senador Ricardo Monreal han sido los más interesados en impulsar una reforma al Poder Judicial que implique desarticular a la Corte actual y formar una nueva por “voto popular”, como lo quiere el presidente López Obrador.
El presidente y Monreal han difundido, a través de diversos canales, entre ellos los institucionales, una lista de 40 privilegios de los ministros, en la que se incluyen cantidades infladas y datos falsos, como la asignación de dos camionetas blindadas para cada ministro que supuestamente son renovadas cada dos años y que al final del periodo del ministro al que fueron asignadas, éste se puede quedar con ellas.
Información obtenida por la reportera en la Corte indica que las camionetas no se asignan a los ministros, sino a las ponencias, además de que son renovadas cada cuatro años y pertenecen al patrimonio del Poder Judicial de la Federación, por lo que no es posible que los ministros puedan quedarse con ellas porque no les pertenecen.
Otro dato que ha sido repetido por funcionarios del Poder Ejecutivo y miembros del Legislativo es la asignación de escoltas para todos los ministros.
Pero de acuerdo con esa información, sólo la presidenta Norma Piña y Arturo Zaldívar cuentan con ese servicio.
Dichos escoltas les fueron asignados por el presidente López Obrador, a la primera por razones de seguridad nacional por ser la titular del Poder Judicial de la Federación, y al segundo por las mismas razones cuando fue presidente de la Corte y hasta ahora no se le ha retirado el servicio.
Las personas que desempeñan ese encargo son elementos del Ejército y sus sueldos son pagados por el Ejecutivo Federal, no así por el Poder Judicial.
Otra ministra que cuenta con escoltas es Yasmín Esquivel Mossa, quien llegó a la Corte a propuesta del presidente López Obrador, pero el servicio con el que ella cuenta es privado y, según lo confirmaron fuentes federales, los sueldos de quienes la custodian corren a cargo de su esposo, el empresario José María Rioboó, amigo del presidente López Obrador.
En medio de esta controversia, el jueves 18 la Corte invalidó, por mayoría de votos, el decreto presidencial que ordenaba clasificar como de interés público y seguridad nacional las obras prioritarias del gobierno Federal.
La orden fue impugnada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), otro órgano autónomo que actualmente protagoniza una pugna con el Poder Legislativo, que argumentó que el decreto del presidente implicaba una reserva automática de la información relacionada con las obras prioritarias el gobierno.
Luego de la votación del tercer revés contra el presidente López Obrador, la oficina de comunicación social del máximo tribunal envió a los medios de comunicación una carta de la ministra Piña Hernández en la que reconoció la veracidad de los mensajes con el senador Alejandro Armenta.
En la misiva, que no lleva la identificación institucional de la Suprema Corte, la ministra señaló que, tal como lo manifestó en la “comunicación personal” con el senador, sostiene en público lo que dijo en privado.
“Sus expresiones sobre datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial, me indignan.
Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada.
Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza”, señaló.
Armenta lamentó que las expresiones a título personal de la ministra hubieran sido confirmadas en una carta dirigida a la opinión pública y no en respuesta al oficio que él presentó el pasado 17 de mayo ante la Corte.
“La justicia para las y los mexicanos debe estar en manos de una autoridad que responda a los intereses del pueblo y no a un criterio personal”, publicó en su cuenta de Twitter.
ATAQUES FRONTALES
En medio de esta polémica e ignorando la resolución de la Corte que invalidó el acuerdo que clasifica las obras prioritarias del gobierno de interés público y seguridad nacional, el presidente López Obrador emitió otro acuerdo igual sobre tres obras específicas.
Al día siguiente, el viernes 19, el mandatario ederal arremetió una vez más contra la ministra presidenta, Norma Piña.
El nuevo acuerdo del presidente clasificó como de seguridad nacional al Tren Maya, el corredor Transístmico y los aeropuertos de Tulum, Chetumal y Palenque, estos últimos en construcción y rehabilitación por parte del Ejército.
EL INVESTIGADOR
El Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Jesús Garza Onofre explicó en entrevista que aún no es posible considerar que el presidente López Obrador haya incurrido en un desacato con este nuevo acuerdo, porque la Corte todavía no discute los efectos de la invalidez decretada.
“Yo sinceramente lo que estoy viendo acá es una chicanada, un atajo para, independientemente de lo que diga la sentencia, volver a transitar ese camino, pero no propiamente en una abierta contradicción de lo que diga la sentencia.
Estamos más bien a tientas y no me queda claro que se pueda clasificar esto como un desacato”, destacó.
“Lo que está haciendo la administración lopezobradorista, me parece, es prácticamente ignorar lo que está diciendo la Corte y en ese sentido volver a hacer el mismo camino que hipotéticamente se tendría que volver a impugnar, tendrían que pasar otros cuantos meses y el resultado probablemente vaya a ser el mismo.”
Aunque los ministros no establezcan una prohibición expresa para emitir otro acuerdo u orden de clasificar las obras del gobierno Federal como asuntos de seguridad nacional, Garza Onofre comentó que la resolución de la Corte no obliga a que se establezca una prohibición de ese tipo, porque implícitamente los ministros ya resolvieron que el acuerdo en el que se emitió esa orden es contrario a la Constitución.
Sin embargo, actualmente el INAI está imposibilitado para impugnar el nuevo acuerdo del presidente, pues no tiene quórum legal para hacerlo, y es el único organismo legitimado para ello.
El jurista reconoció que un camino posible para abrir la información de las obras del gobierno es el amparo, pero la desventaja es que no tendrá efectos generales, mientras que un amparo colectivo o tramitado a través de una organización de la sociedad civil implica el riesgo de que los jueces consideren que no se tenga interés para tramitar la demanda y sea desechada.
Al no existir un desacato claro, la posibilidad de llevar al presidente a proceso penal por ello se desvanece, consideró el especialista, pues para ello también se requieren mayorías políticas.
“Tampoco creo que el Poder Judicial se aviente a hablar de desacato.
Más bien, las alternativas van a ser muchísimo más limitadas y habrá que esperar a que cambie toda la integración, a que se restaure la política nacional en el 2024 para poder destrabar ese tipo de cuestiones”, puntualizó.
Para impugnar el nuevo decreto del presidente, la ley establece 30 días antes de que surta sus efectos, tiempo insuficiente para que el Senado de la República, que actualmente no está en sesiones, designe un nuevo comisionado, incluso convocando a periodo extraordinario como lo ordenó una juez de amparo.
En su conferencia matutina del viernes 19, el mandatario Federal reveló que la administración de Piña contrató a Sonia Vargas Terrero, exdirectora de Recursos Materiales, de la extinta Policía Federal, quien ingresó a la corporación durante la administración de Genaro García Luna.
De acuerdo con la información difundida por el presidente, Vargas Terrero firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la PF con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Proceso confirmó que la funcionaria forma parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como directora de Coordinación de Administración Regional al mando de la secretaria ejecutiva de Administración, Fernanda Casauban.
Sin embargo, no fue designada por Norma Piña, pues su nombramiento fue propuesto por Casauban a la Comisión de Administración del CJF, órgano interno al que no pertenece la ministra presidenta, en consecuencia, la contratación no pasó por sus manos.
De la información obtenida por Proceso y que el presidente López Obrador no mencionó públicamente, se confirmó que Vargas Terrero también trabajó con el gobierno de la 4T en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de julio de 2017 a febrero de 2019, todavía en la administración de Marcelo Ebrard.
Posteriormente fue directora de Gestión de Partes Aéreas en la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, donde permaneció de marzo de 2019 a marzo de 2023, mes en el que salió para integrarse al CJF.
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