El fin de la vigencia del Título 42 migratorio obligó a las autoridades locales y federales de ambos lados fronterizos a coordinarse en operativos de contención, detención y deportación inmediata

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Por Camelia Muñoz

A fin de frenar un ingreso masivo de miles de migrantes que por meses se mantuvieron varados en las fronteras del norte y sur del territorio mexicano, semanas antes de la finalización del Título 42 migratorio de Estados Unidos, los gobiernos de ambos países desplegaron militares, realizaron simulacros de contención, colocaron vallas con púas y establecieron acuerdos políticos.

Mientras se establecía el mecanismo otorgar de 300 mil visas para las personas originarias de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, y 100 mil para centroamericanos, según informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reforzó la presencia de corporaciones de seguridad de ambas naciones en la frontera.

Esto, con el propósito de “ayudar en todo, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos, y mucho menos violencia en la frontera

. Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes”, dijo López Obrador.

No se precisó la cifra de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que se enviaron al norte y sur del país, pero en abril pasado la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que México prometió movilizar 10 mil elementos para evitar que llegada de migrantes a las entidades fronterizas del norte, mientras que el presidente Joe Biden envió cuatro mil militares y el gobernador de Texas, Greg Abbot, declarado antimigrante, desplegó otros 450 agentes.

Los acuerdos obligaron a que el Instituto Nacional de Migración (INM) reciba a los extranjeros expulsados por las autoridades estadunidenses e inicie los trámites para su deportación de manera inmediata, por lo que son llevados vía aérea y en autobús a la estación migratoria de Tabasco para después remitirlos a su país de origen.

López Obrador incluso resaltó que es la primera ocasión que Estados Unidos aceptaba la entrega de visas y lo atribuyó a una gestión de su gobierno, “que encontró la voluntad” de Biden, aunque reconoció que no se atiende el fondo del problema.

El jueves 11 el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Troy Miller, confirmó que el gobierno mexicano reiteró su compromiso de aceptar cada mes a 30 mil ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que hayan ingresado ilegalmente al país vecino, una vez que fuera levantada la orden de salud del Título 42.

“Los migrantes que ingresen ilegalmente a Estados Unidos cruzando la frontera suroeste, y no a través de un camino legal, serán devueltos a México y pueden ser transportados fuera de la frontera norte de México a lugares en el sur de México”, dijo Miller.

Se estima que más de 100 mil migrantes esperan en territorio mexicano que se les conceda asilo en Estados Unidos; buena parte de ellos buscan ingresar por Texas, cuyo gobernador logró que en abril de 2022 se firmara un memorándum para establecer acciones en su contra, que incluyen retenes y detenciones.

El documento fue signado por los gobernadores de Tamaulipas (entonces Francisco García Cabeza de Vaca); de Nuevo León, Samuel García; de Chihuahua, Maru Campos, y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Un operativo con 400 efectivos se preparó en ciudades fronterizas de Coahuila con vista al inminente fin del Título 42, mientras que una cifra similar fue asignada por Estados Unidos solo para la ciudad de Eagle Pass, Texas, donde a diario son detenidas en promedio mil 500 personas que atraviesan el Río Bravo con la intención de quedarse en Estados Unidos.

En las horas previas a la cancelación de la disposición emitida en el gobierno de Donald Trump, Coahuila sirvió de contención para recibir a los migrantes detenidos en el vecino país y retornados a México, independientemente de su nacionalidad, mientras que el INM reaccionó de forma inmediata para su deportación.

En los primeros dos días de operativos en ambos lados de la frontera se envió a más de 500 personas a la estación migratoria en Tabasco, en un trámite que regularmente demoraba más de una semana pero se aceleró al cancelarse las operaciones para retener a las personas aseguradas por el INM en sus instalaciones de Piedras Negras y Saltillo.

Ahora la dependencia Federal dispone de autobuses, a la espera de trasladar a cualquier hora a quienes sean detenidos en Texas y entregados en Coahuila.

TEMOR A OPERATIVOS

Desde el 5 de mayo, autoridades de ambos países se reúnen a diario a fin de diseñar estrategias para a evitar un colapso en la frontera semejante al de 2022, con la llegada de cientos de haitianos que instalaron un campamento bajo el puente internacional Ciudad Acuña–Del Río y luego con la oleada de venezolanos, lo cual generó que Estados Unidos trasladara personal de aduanas a las tareas de migración, así como para vigilar el río Bravo.

El secretario del ayuntamiento de Piedras Negras, Hermelo Castillón Martínez, dijo que la población en tránsito empezó a llegar semanas antes de que se anunciara la cancelación del Título 42, pero a medida que se acercaba el 12 de mayo observaron mayor presencia de ellos en la ciudad, a donde arribaron en ferrocarril, autobuses y caminando por la carretera 57.

Las autoridades temían que instalaran campamentos y por ello coordinaron sus acciones:

“Son operativos tipo espejo –explica Castillón–, donde autoridades de México y Estados Unidos mantienen elementos a lo largo de la margen del río, a la altura de las manchas urbanas, tanto de la ciudad de Eagle Pass como de Piedras Negras, como formas disuasivas para evitar el cruce ilegal en estas áreas.

Y nosotros, a través de instancias municipales, estamos trabajando para que las áreas públicas no se utilicen como campamentos, como sucede en otras ciudades, como Reynosa y Matamoros”.

El funcionario esperaba la llegada de muchas personas a la ciudad, con el riesgo de un colapso de los servicios, además de que casas y edificios abandonados fueran usados como refugios.

• AP / EL DIARIO
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